Presunción de inocencia

Qué dice la Constitución Política y el Código Nacional de Procedimientos Penales

Al ser un Derecho Humano, la presunción de inocencia se encuentra respaldada por la Constitución mexicana, precisamente en el artículo 20, apartado B, sección I, la cual dicta lo siguiente:

“Artículo 20…

B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;”

Por otro lado, el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) en su artículo 13 expresa que:

“Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código.”

Ambas normas tienen como fin evitar arbitrariedades y proteger los derechos humanos de una persona detenida o en proceso de investigación durante un proceso penal.

A continuación, hago mención de los primeros 5 derechos del imputado que se contemplan en el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales donde se establecen parte de los derechos del imputado:

• A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad;
• A comunicarse con un familiar y con su Defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle el Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo;
• A declarar o a guardar silencio, en el entendido que su silencio no podrá ser utilizado en su perjuicio;
• A estar asistido de su defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra actuación y a entrevistarse en privado previamente con él;
• A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez de control, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, así como, en su caso, el motivo de la privación de su libertad y el servidor público que la ordenó, exhibiéndosele, según corresponda, la orden emitida en su contra;
• Y las demás que establezca el Código Nacional de Procedimientos Penales y otras disposiciones aplicables.

El papel de la presunción de inocencia en la defensa de una persona

Es una frase común, pero que se relaciona totalmente con el tema de este artículo: “es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, y es que el principio de presunción de inocencia obliga a que toda persona que hay sido señalada como probable responsable por la comisión de un delito o un ilícito; en primer lugar se respete su derecho libertad y se le aplique como ultima ratio la prisión preventiva o bien limitar su uso y aplicación solo en aquellos casos verdaderamente graves, en segundo lugar el derecho a la seguridad jurídica o también derecho a la verdad con la cual se le deba demostrar con pruebas y argumentos sólidos su participación en la comisión de algún ilícito, o de lo contrario el juez que tenga jurisdicción para conocer del asunto en su caso debe declararlo inocente y absolverlo de la imputación o acusación que se le ha hecho.

Este principio está relacionado con algunos otros como es el de “in dubio pro reo”, el cual se puede definir como el principio jurídico que expresa la obligatoriedad de probar los hechos y que, en el caso de que esta prueba sea insuficiente para demostrarlos o exista duda, la decisión judicial deberá favorecer al acusado del delito.

Situación en México

La implementación de la presunción de inocencia como derecho fundamental en nuestro ordenamiento jurídico ha tenido diversas implicaciones tanto en materia procesal como extrajudicial, donde la presunción de inocencia debe ser respetada independientemente de la ley. Desde que la autoridad competente toma conocimiento de ese delito e inicia la investigación hasta que el juez dicta la sentencia definitiva, no sólo es observado por el poder judicial sino que debe ser monitoreado en general (policía, fiscalía, órganos administrativos, medios de comunicación, etc.). Nuestro máximo tribunal ha demostrado que la presunción de inocencia tiene muchas vertientes y debe entenderse como una regla procesal; la regla de la prueba y la regla para tratar la extrajudicial, es así que es reconocido por la Suprema Corte de Justicia del Estado como un derecho fundamental de toda persona.

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